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Corrupción en los Municipios de Chile

“No tengo nada que ocultar”: Alcalde de Puerto Montt compró tres propiedades al contado

Gervoy Paredes es alcalde de Puerto Montt desde el 2012. Cuando tomó el cargo, sólo registraba una vivienda bajo su nombre. Mientras que en la actualidad tiene cinco propiedades, según consta la declaración de su patrimonio, el cual es de libre acceso.

Tres de esos departamentos fueron comprados al contado por Paredes, lo que causó polémica en el municipio y sus electores. Incluso, pensando en una nueva elección, lo tomó como un tema en su campaña para desligarse de los dichos.

Las viviendas bajo la lupa

El primer departamento está ubicado en las cercanías del centro de Puerto Montt. Gervoy Paredes lo compró por $84 millones con dinero efectivo y al contado, mediante un vale vista. Hoy en día aquella vivienda está bajo arriendo.

También al contado pagó $69 millones por un departamento, ubicado en un acomodado barrio a las afueras de Puerto Montt. La tercera es una vivienda de la ciudad de Coquimbo. Paredes pagó en efectivo $128 millones de pesos.

“Están todos acreditados. Pago mensualmente con mi sueldo de alcalde. Actualmente debo más de $500 o $600 millones de pesos por las viviendas. No me han encontrado nada, porque no hay nada”, reveló el alcalde Gervoy Paredes ante la polémica.

Como si fuera poco, Paredes registra otras dos propiedades, las que pagó con créditos hipotecarios. En total, ha gastado $281 millones en efectivo.

Investigación de los hechos

Los antecedentes por las compras fueron puestos a disposición al Ministerio público en 2018, por Marcos Velásquez, ex-seremi de justicia de la región de Los Lagos.

“Tiene una deuda superior a los ingresos formales que tiene una autoridad, en este caso el alcalde. Esto es inexplicable, quien tiene la responsabilidad de aclarar los hechos, por el rigor de la situación, es la Fiscalía de Chile”, señaló Velásquez.

Según consigna el Portal de Transparencia, el alcalde Puerto Montt recibe un sueldo de $6 millones 700 mil mensuales. “Tengo la conciencia tranquila. Las manos muy limpiecitas”, contó.

“Comprar propiedades al contado es un comportamiento que arranca de lo normal. Por eso es muy importante que, más allá del detalle de los patrimonios de interés, que se dé cuenta el por qué, de dónde salieron los fondos. Si es una herencia u otros ingresos, por los cuales se compraron las propiedades de aquella manera”, consignó Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente.

“No tengo nada que ocultar”

Con el fin de explicar la polémica por los departamentos que compró al contado, el alcalde hizo público un informe de deuda donde figura una deuda de $345 millones que debe a la banca.

“Hubiera puesto los departamentos en nombre de otro, formar una sociedad u otra cosa, esconderlo. Pero no tengo nada que ocultar. No se ha hecho eso”, confesó el edil.

Irregularidades en horas extras

El diputado Fidel Espinoza, quien es del mismo partido de Paredes (PS), solicitó a Contraloría investigar una cena que costó poco más de $4 millones de pesos.

Contraloría concluyó que “no fue posible acreditar que dicha actividad se encuentre vinculada directamente al cumplimiento de la función municipal y que el gasto no se ajustó a derecho”.

“No era una celebración. Era una cena donde se realizó una evaluación por consultas ciudadanas”, dijo Paredes.

El mismo documento de Contraloría dejó en evidencia irregularidades de horas extras al interior del municipio. Carlos Soto, exadministrador municipal, recibió $17 millones por pago de horas extraordinarias, movimientos que él mismo autorizaba, sin tener la facultad para realizarlo. El alcalde Gervoy Paredes confía en Soto.

Otras polémicas

No son las únicas polémicas en las cuales ha estado envuelto el alcalde. En febrero de este año prometió vacunas a un equipo de basquetbol de la ciudad, ignorando el calendario de inoculación propuesta por el Gobierno.

En diciembre de 2018, el municipio gastó $40 millones por una estructura, la cual iba a ser un árbol de navidad. Paredes se arrepiente de aquella inversión.

El gasto más polémico por parte de la municipalidad, fue una pileta valuada en mil millones de pesos. En la actualidad, aquella infraestructura no está en funcionamiento.

El municipio tiene más de $3 mil millones como dinero no acreditado, el cual estaba destinado para subvenciones educacionales, según la Superintendencia de educación.

“En relación a los recursos, el sostenedor de la municipalidad ya ha pasado por procesos administrativos anteriores. Además, ha sido sancionado por no lograr acreditar que el saldo esté disponible en las cuentas bancarias. De acuerdo, a los resultados de un nuevo proceso de rendición de cuentas, se arriesga a una nueva sanción”, comentó Cristián O’Ryan, superintendente.

Ante la irregularidad, el alcalde señaló que están acreditando

Aquellos dineros: “Esos dineros fueron destinados a educación municipal”.

Miryam Pérez, fiscal experta en delitos de corrupción, lleva adelante tres investigaciones en contra del alcalde de Puerto Montt. Eventuales delitos de la malversación de fondos públicos y enriquecimiento ilícito.

El alcalde Gervoy Paredes acusa persecución política en su contra. Además, niega todas las acusaciones en las que está siendo investigado.

“Lo normal es que las autoridades digan que es una persecución. Es en los momentos de elecciones cuando los ciudadanos deben estar atentos a este tipo de hechos. Si efectivamente los fondos tienen respaldo, no habrá problema alguno”, explicó Alberto Precht.

 

Tricel inhabilita “por notable abandono de deberes” a Virginia Reginato y no podrá ejercer cargos públicos

Dentro de varios aspectos que determinaron la decisión del Tricel, el fallo sostiene que, respecto del déficit presupuestario del municipio, que bordeó los 17 mil millones de pesos, “la propia requerida reconoce que la situación deficitaria es distinta a la que informó en su cuenta pública (de 2017). Así lo señaló en la confesión judicial prestada en autos – reconociendo compartir las conclusiones del órgano contralor”.

Se acaba la era de Virginia Reginato ejerciendo cargos de elección popular en Viña del Mar por al menos 5 años. Esto, debido a que el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) la sancionó por “notable abandono de sus deberes”, por lo que tendrá que dejar su puesto como concejal de la comuna.

De esta manera, el Tricel acogió un “requerimiento de cesación en el cargo de la ex alcaldesa señora Virginia María Reginato Bozzo, por la causal de notable abandono de sus deberes”; causa iniciada con una denuncia de un grupo de cuatro concejales de oposición ante el Tribunal Electoral de Valparaíso en 2019.

“Si bien la destitución del cargo de alcaldesa resulta improcedente en estos autos, (lo es) solo porque en la actualidad la requerida ya no sirve el cargo que ostentaba a la data del requerimiento”, añaden. Su cargo ahora es ocupado por Macarena Ripamonti.

“No obstante, la señora Reginato Bozzo queda inhabilitada para ejercer cualquier cargo público por el término de cinco años a contar de la fecha en que esta sentencia quede ejecutoriada”, agrega el fallo, que es definitivo y no admite apelación.

Dentro de varios aspectos que determinaron la decisión del Tricel, el fallo sostiene que, respecto del déficit presupuestario del municipio, que bordeó los 17 mil millones de pesos, “la propia requerida reconoce que la situación deficitaria es distinta a la que informó en su cuenta pública (de 2017). Así lo señaló en la confesión judicial prestada en autos – reconociendo compartir las conclusiones del órgano contralor”.

“Este tribunal ha adquirido la convicción de que la conducta que en este punto fue atribuida a la requerida constituye una omisión culpable y que necesariamente causó un grave perjuicio a la municipalidad, cuyos efectos negativos aún perduran”, dice el fallo.

 

Liceo Valentín Letelier otro caso de corrupción en Recoleta

Consejo de defensa del estado, amplía querella por fraude al fisco en contra de funcionarias de confianza del alcalde Daniel Jadue

Se trata de una investigación por fraude al fisco por la ejecución de la obra de reconstrucción y mejoramiento del liceo Valentín Letelier, para lo cual la Municipalidad de Recoleta solicitó al Gobierno Regional Metropolitano, un presupuesto ascendente a la suma de $957.846.000, el que fue otorgado a través del “Convenio de Transferencia N°48” del 26 de febrero de 2015.

El 26 de enero de 2016, el Concejo Municipal, ante la propuesta del Municipio, aprobó la contratación directa del proyecto de Inversión Conservación Liceo Valentín Letelier con la empresa “Ingeniería, Construcción e Inversiones Rosachi Ltda.” o “Rosachi Ltda.”, representada legalmente por el querellado César Andrés Salazar Salamanca.

Rosachi S.A. debía presentar, entre otros antecedentes, una boleta para garantizar el fiel cumplimiento de las obras, por el 10% del valor del contrato celebrado, la que no fue entregada al momento de la celebración del convenio. Rosachi S.A., posteriormente, presentó copia de la boleta de garantía no endosable en pesos, del Banco de Créditos e Inversiones, N°18146235 por la suma de $94.160.179; el certificado de inscripción vigente Nº96709 en el Registro A2, Segunda Categoría, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y; la póliza de seguro Nº2693559, de Chilena Consolidada Seguros Generales S.A., siendo todos estos documentos falsos.

Las adulteraciones no fueron advertidas por los funcionarios de la Municipalidad por lo que se procedió a celebrar el contrato e incluso a efectuar el pago por los avances de la obra, “produciendo un perjuicio para las arcas fiscales ascendente a la suma aproximada de $ 1.000.000.000 (mil millones de pesos)”, de acuerdo con la querella presentada el 29 de octubre de 2020 por el Consejo de Defensa del Estado.

En consecuencia, el organismo denuncia una serie de maniobras realizadas por los funcionarios municipales, Gianinna Repetti Lara -quien actualmente se desempeña como Administradora Municipal y al momento de los hechos era la directora de la SECPLA- y Vilcia Quezada Martínez -quien al momento de los hechos y hasta la actualidad se desempeña como funcionaria municipal- quienes habrían hecho las veces de intermediarias con los llamados “gestores de licitación”, Jose Luis Ortega Álvarez y Pablo Bulboa Quezada, y con la empresa Rosachi.

“Es así como desde el inicio se manipulan las bases administrativas para la licitación, además de demorar excesivamente su elaboración y publicación, luego se declara desierta la licitación, se realiza una invitación irregular a oferentes, se aceptan ofertas fuera del plazo establecido, se valoran las propuestas dando el mayor puntaje a una empresa que no cumplía con los requisitos establecidos en las condiciones, etcétera, todas maniobras desplegadas por los querellados para defraudar a la Municipalidad de Recoleta abusando de sus cargos, en especial la querellada Repetti, funcionaria de exclusiva confianza del Alcalde”, dice la querella del CDE.

La Municipalidad de Recoleta, encabezada por su alcalde Daniel Jadue, presentó una querella en agosto de 2016 contra quienes resulten responsables por la “falsificación de instrumento privado y uso malicioso” en la documentación presentada en el proceso de licitación para las obras de mejoramiento del Liceo Valentín Letelier. El Gobierno Regional Metropolitano se querelló por los mismos hechos en febrero de 2017, en ambos casos solo contra Salazar Salamanca.

No obstante, parte de la intervención del CDE consistió en solicitar el 6 de noviembre de 2020 la exclusión de la Municipalidad de Recoleta como querellante, entendiendo que sus intereses se encuentran representados por el CDE. Asimismo también pide que se excluya al Gobierno Metropolitano.

El 1 de diciembre el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago acogió la petición del Consejo de Defensa del Estado y declaró la falta de legitimación activa de los querellantes: Gobierno Regional Metropolitano y Municipalidad de Recoleta, decisión que fue apelada por ambas instancias y aún se está a la espera de la resolución definitiva. Tampoco hay claridad sobre si esto podría implicar una nueva querella contra el alcalde Jadue.

Gianinna Repetti y la promesa que le hizo Jadue el año 2010 “CUANDO SEA ALCALDE TE LLEVARÉ A TRABAJAR CONMIGO”.

La relación entre Daniel Jadue y la Gianinna Repetti, se remonta al año 2010, cuando el primero, llega en calidad de dueño y representante legal de la empresa PAC CONSULTORES LTDA. Al municipio de estación central, para adjudicarse el “Diseño centro cultural, estación central” ID mercado público 2434-2-LE 11.

En dicha época, Gianinna Repetti, se desempeñaba como directora de SECPLA del municipio, comandado por el también amigo del edil de Recoleta. Rodrigo Delgado, actual ministro del interior.

 

Según desprenden las mismas palabras de Repetti respecto de Daniel Jadue. Formulada en una entrevista dada por esta, a su casa de estudios (universidad de Santiago). Precisamente al portal “Usach al día”, donde señaló el 8 de mayo de 2020 que “Como contraparte en un proyecto, conocí a Daniel Jadue, quien siendo profesional de una oficina de Arquitectura, me decía que cuando él fuera alcalde me llevaría a trabajar con él”, recuerda Giannina. Pasó el tiempo y la promesa se cumplió. Llegó a la Serplac, donde laboró por cuatro años y luego la designaron administradora municipal,  donde hoy es la número 2 en el escalafón de esa casa edilicia.

https://www.usach.cl/news/gianinna-repetti-arquitecta-la-usach-creci-y-me-transforme-profesional-completa

La estrecha relación de amistad entre Gianinna Repetti y Daniel Jadue, se ha demostrado en cargos de confianza, puesto que de ser SECPLA en Recoleta, pasó a ser administradora municipal, brazo derecho y mujer de confianza del ex candidato  a la presidencia de Chile.

 

DE SECPLA A ADMINISTRADORA MUNICIPAL

Según consta en la carpeta investigativa. Gianinna Repetti, ostentaba el cargo de SECPLA, cuando ocurrieron los hechos que motivaron las acciones judiciales sobre corrupción en las obras de mejoramiento del liceo Valentín Letelier de la comuna de Recoleta (año 2016).

5 años más tarde, el CDE dedujo querella criminal y solicitó su ampliación en diciembre de 2020 a las funcionarias municipales con cargos de confianza. Una de esas funcionarias era la administradora municipal, doña GIANINNA REPETTI LARA. Que hasta la actualidad tiene el cargo y en tiempos de campaña electoral, ofició de alcaldesa subrogante en Recoleta.

Gianinna Repetti, se encuentra querellada por los delitos de Fraude al fisco y asociación ilícita para defraudar al fisco. Tiene la calidad de “IMPUTADA” y a su vez oficia de administradora municipal y alcaldesa subrogante.

GIANINNA REPETTI Y EL ABOGADO DE LAS LUCED “LED” RAMÓN SEPULVEDA CASTILLO.

Una trama de corrupción que salpica a más de 20 municipios. El llamado Caso Luminarias, que investiga las licitaciones para el cambio masivo de focos otorgadas a la empresa Itelecom Holding Chile Spa, con saldo de varios concejales detenidos en Iquique por los delitos de cohecho, violación de secreto, lavado de activos, asociación ilícita y fraude al fisco; que luego se extendió a Chillán, Melipilla y Negrete -donde el alcalde Francisco Melo Márquez (PPD) quedó en prisión preventiva el pasado 18 de diciembre- acecha a Recoleta.

El Ministerio Público investiga los pagos realizados por la empresa Itelecom al abogado Ramón Sepúlveda Castillo, quien recibió una cifra de $25,9 millones entre diciembre de 2017 a mayor de 2020 por parte de esta empresa investigada por casos de corrupción.

Sepúlveda ejerce como abogado del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, incluso lo representa en la querella que interpuso la carta presidencial del Partido Comunista en contra del presidente Sebastián Piñera y el exministro Jaime Mañalich, por su gestión durante la pandemia. De acuerdo a los dichos del propio Jadue, esta relación se habría terminado en la mayoría de las causas en que Sepúlveda Castillo representa al ex candidato a la presidencia de Chile.

De acuerdo a los antecedentes que obran en el poder judicial y que son de público acceso a través de la plataforma www.poderjudicial.cl , Ramon Sepulveda Castillo, es abogado defensor de la administradora municipal Gianinna Repetti Lara.

 

El vínculo entre Jadue y Sepúlveda dataría de la ONG Remolino (entre los años 2006 y 2010), una organización social enfocada en realizar trabajos en Recoleta y donde jugaba un rol importante la federación de estudiantes de Derecho de la Universidad de Chile. Sepúlveda, de hecho, fue el presidente de esta federación mientras cursó la carrera.

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Escrito por Bruno Diaz