Max Rebelde
Tras la resolución del Tribunal Constitucional que dio luz verde para que el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue pudiera ser acusado penalmente por los delitos de prevaricación y negociación incompatible por tráfico de influencias, el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el próximo 11 de abril la audiencia de preparación del juicio oral en su contra en calidad de acusado. Con la notificación realizada por el receptor judicial, el alcalde Jadue queda temporalmente incapacitado para ejercer su cargo, según establece la legislación vigente.
De acuerdo al artículo 16° de la Constitución, el derecho a sufragio se suspende “por hallarse la persona acusada por delito que merezca pena aflictiva” y el artículo 61° de la Ley de Municipalidades establece que “el alcalde o concejal cuyo derecho a sufragio se suspenda por alguna de las causales previstas en el artículo 16° de la Constitución Política de la República se entenderá temporalmente incapacitado para el desempeño de su cargo, debiendo ser reemplazado mientras dure su incapacidad”.
El enjuiciamiento a Jadue se enmarca dentro de la querella presentada en contra del alcalde por la empresa Desarrollo Inmobiliario Bellavista, a la que el edil le ha negado insistentemente desde 2013 la recepción de una de las torres del proyecto emplazado en la comuna, sin respetar los contundentes fallos de la Corte Suprema que lo han obligado a ello.
Pese a que el fiscal a cargo del caso había comunicado la decisión de no perseverar en la investigación el TC estimó que el fiscal de alta complejidad no podía tomar esa decisión sin antes haber formalizado a Jadue, ya que se le privó al querellante, en este caso la inmobiliaria, “su derecho a ejercer la acción penal pública que establece la Constitución”. En consecuencia, el TC resolvió “el derecho del querellante -la inmobiliaria- es a ejercer la acción penal, por la vía de la acusación adhesiva o autónoma- con independencia de la decisión unilateral del Ministerio Público”.
Las acusaciones en contra de Jadue fueron presentadas por la inmobiliaria y por el exconcejal Mauricio Smok mediante una querella interpuesta en junio de 2017 y que quedó a cargo de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.
En la querella la empresa Desarrollo Inmobiliario Bellavista solicitó investigar los actos reñidos con la ley y probidad por parte del alcalde de Recoleta y de todos quienes resulten responsables en el litigio generado por los decretos de demolición firmados por Jadue en los últimos años en contra de una de las torres del Conjunto Armónico Bellavista. Según la querella, las actuaciones de la autoridad municipal dan cuenta de “desviación de poder” con el fin de perjudicar a la inmobiliaria, afectando la legalidad con que debe actuar la Municipalidad de Recoleta.
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