Max Rebelde
Respecto a los eventuales últimos casos de corrupción conocidos recientemente en la zona oriente de la Región Metropolitana, como el “Vitagate” en la Municipalidad de Vitacura y las millonarias transferencias de los municipios de Lo Barnechea y Las Condes a entidades privadas de seguridad –Lo Barnechea Seguridad y Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Las Condes, respectivamente–, considerando también que acá la justicia debe hacer su trabajo y esclarecer los hechos demandados, se debe ser enfático en siempre condenarla, al igual que las malas prácticas y las irregularidades en todo ámbito del quehacer público y privado, provengan del sector que provengan.
La corrupción es uno de los principales males que afectan a las democracias y países de América Latina y el mundo, y puede considerarse como la mayor traba y obstáculo en el cumplimiento y desarrollo de las funciones públicas en pos del bienestar de la población. Por una parte, obstruye el derecho fundamental de los ciudadanos de participar en el proceso democrático y, al mismo tiempo, no solo niega el derecho de la igualdad frente a la ley, sino que también las mismas garantías judiciales declaradas en nuestro Estado de Derecho y por instrumentos internacionales. Además, su práctica en el servicio público corroe todos los cimientos y valores de una democracia, como la transparencia y probidad.
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