En conversación con CNN Chile, la autoridad detalló que solo “los tribunales de familia y tribunales penales van a poder utilizar esta herramienta” y que la determinación de quiénes usarán los dispositivos se adoptará “de acuerdo a una pauta de riesgo”.
El Congreso despachó a ley el proyecto que permite el uso de tobilleras electrónicas para las personas formalizadas en casos de violencia intrafamiliar tras 7 años de tramitación.
En conversación con CNN Chile, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett, sostuvo que “hoy estamos dando un paso importante como país en materia de protección y prevención de la violencia contra la mujer”.
La autoridad explicó que “los tribunales de familia y tribunales penales van a poder utilizar esta herramienta”, que además entregará a las víctimas “un dispositivo similar a un celular, si el sujeto se acerca al perímetro que por mandato no puede hacerlo va a activarse tanto el dispositivo de la víctima como la central de monitoreo que va a tener Gendarmería”.
“En ese momento se van a comunicar con el retén policial más cercano, ya que esto tiene georreferenciación, para llegar al lugar donde está el agresor”, añadió.
La secretaria de Estado expresó que “lo importante y la gran innovación aquí es que nos va a permitir que aquellas personas que están formalizadas, que están un proceso judicial pero todavía no son condenadas y de acuerdo a una pauta de riesgo se considera que son un peligro, tanto para la víctima como para la sociedad, el juez va a poder definir que tenga que usar este dispositivo“.
Además, insistió en que para definir quién usará este tipo de dispositivos “es el juez quien va a tomar la consideración, va a pedir un reporte técnico a Gendarmería y luego se implementa” y que “si la persona trata de sacarse el dispositivo, se enciende una alerta en Gendarmería”.
En ese sentido, destacó la nueva disposición ya que “en la última década, el 20% de los femicidios consumados en el país fueron realizados por hombres que tenían antecedentes y medidas cautelares“.
Finalmente, Zalaquett indicó que la implementación va a ser gradual: “Se calcula que a partir del 1 de marzo de 2022 van a tener acceso todos los tribunales de familias el país; a los 10 meses los tribunales penales de la Región Metropolitana, Coquimbo y Valparaíso, y en 14 meses en todos los tribunales penales y de familia”.
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