Max Rebelde
En una semana tensionada por su nominación presidencial, otro conflicto alertó a la Lista del Pueblo: boletas rendidas al Servel cuestionadas por la Comisión de Ética del conglomerado. CIPER contabilizó 24 boletas y facturas de familiares directos de los candidatos, o de sus compañeros de lista, incorporadas en sus rendiciones. Hijos, hermanas, un cónyuge, una tía, un cuñado, un sobrino y una nuera figuran en los gastos presentados por cuatro candidatos. También se detectaron problemas en cuatro boletas que suman $7,5 millones extendidas a tres candidatos del Biobío. Aunque sigue en curso la revisión del Servel, la investigación del propio conglomerado ya anota dos expulsiones: el ex candidato Mahnke y su jefa de campaña, Miriam Parra.
Recién habían pasado dos meses desde que la Lista del Pueblo anotara el más sorprendente debut de un conglomerado independiente en política, con 27 convencionales elegidos para escribir la nueva Constitución, cuando a mitad de julio pasado sus dirigentes nacionales recibieron una alerta desde el equipo territorial del Distrito 20 (Concepción). El mensaje enfrió la euforia inicial. El jueves 22 de julio, por Zoom, la Comisión de Ética del colectivo –entonces encabezaba por la enfermera Evelyn Godoy–, convocó a una reunión de emergencia con los dirigentes de la Región del Biobío para escucharlos y conocer los alcances de un problema que se relacionaba con un tema espinudo: financiamiento de campañas.
Lo que inquietaba a los candidatos y dirigentes territoriales del Biobío eran los honorarios que estaba cobrando una coordinadora de campaña que asesoró a varios postulantes: Miriam Parra. Sus boletas exhibían distintos precios a diversos candidatos, pero por el mismo servicio. Y los montos señalados en los documentos, eran ostensiblemente más elevados que los del resto de las campañas que la lista impulsó en el país. En total, se estaban cobrando $7,5 millones de pesos en cuatro boletas.
Tras la reunión, los integrantes de la misma comisión decidieron activar una investigación inmediata para revisar una a una las rendiciones de todos los candidatos a la Convención Constitucional. La investigación interna, que sigue en curso, no solo confirmó las situaciones detectadas en Biobío y que motivaron la expulsión de Miriam Parra y del ex candidato Ricardo Mahnke. También detectó al menos 24 boletas y facturas fueron emitidas por familiares directos de los candidatos o de sus compañeros de lista.
En la rendición de la ex candidata Karen Orellana figuran diez boletas extendidas por seis de sus familiares (dos hermanas, dos primas, una tía y un cuñado), por un total de $12,5 millones. Una situación similar es la de Soledad Mella, que ahora busca un cupo en las elecciones parlamentarias, en cuya rendición aparecen ocho boletas –por un total de $15,4 millones– hechas por familiares, entre ellos su cónyuge, su nuera y un sobrino.
Tras la reunión con los dirigentes de Biobío que encendió las alarmas internas, la Comisión de Ética se fijó una semana de plazo para realizar las averiguaciones, las que incluían solicitar testimonios de los implicados y acceder a los registros de gastos del Servel. La revisión todavía se encuentra en marcha, aunque tras la convulsionada última semana de la Lista del Pueblo su Comisión de Ética cambió de integrantes.
“ÉTICAMENTE, NO CORRESPONDE”
El Estado provee a través del Servel pagos entre $1.148 y $1.435 por cada voto emitido para candidatos a la Convención Constitucional, sea este elegido o no. Esto mientras, el postulante no haya podido cubrir sus gastos con las donaciones de campaña. Y aunque en la normativa vigente no está prohibido que familiares del candidato presten servicios en su campaña, un sector de la Lista del Pueblo considera que esta es una práctica que debe ser eliminada en futuras elecciones.
“Éticamente, no corresponde que existan boletas a familiares”, dice Evelyn Godoy. Y agrega: “Hicimos las consultas ante el Servel y sabemos que se permite. El Servel no da valores ni precios, pero sí dijeron que las boletas tienen que ser acordes al mercado. Ahí es cuando nace la disyuntiva, porque si hay alguien que está recibiendo reembolsos por su candidatura para pagar esos servicios, pucha, que lata que aparezcan casos en que esos recursos se dieron a familiares. Pero se consultó y efectivamente estas personas trabajaron en las campañas”.
Quienes exigen que los familiares queden fuera de los pagos, apelan a uno de los principios del conglomerado: “Superar la creencia de que el Estado es un botín de los partidos políticos”. El punto 14 de la Declaración de Ética de la Lista del Pueblo es taxativo respecto de que los límites determinados por la ley no son suficientes para satisfacer el estándar de transparencia y probidad autoimpuesto por el colectivo:
“Se debe ser muy cuidadoso y transparente con el manejo de los recursos económicos, especialmente cuando se trata de dineros públicos o colectivos. Más allá del Servel o del SII, tenemos una responsabilidad política y social con nuestro pueblo”.
Según explicaron a CIPER dirigentes de la Lista del Pueblo, no solo se está revisando las rendiciones de cuentas realizadas ante el Servel por las campañas a la Convención Constitucional, sino también los eventuales antecedentes judiciales, ingresos y conexiones familiares de cada uno de los precandidatos a las próximas elecciones parlamentarias.
EXPULSIONES EN EL DISTRITO 20
Recién expulsada, Miriam Parra se defiende y asegura a CIPER que los honorarios que está cobrando no son solo para ella, sino que para repartir con otros proveedores de las campañas que asesoró.
Parra es una conocida activista social de la Región del Biobío. En agosto de 2020, de hecho, fue detenida por Carabineros tras protagonizar manifestaciones junto a un centenar de personas mientras había restricciones sanitarias. Su formalización fue desestimada por el Tribunal de Garantía de Concepción, pese a que el entonces intendente regional, Sergio Giacaman (UDI), se querelló contra ella y otros cuatro manifestantes.
Tres candidatas y un candidato de la Lista del Pueblo del Distrito 20 incluyeron en sus rendiciones los servicios de Parra, quien trabaja en una empresa de telecomunicaciones.
Rossana Loreto Vidal, la convencional constituyente que postuló en la Lista del Pueblo, pero que el 25 de julio pasado abandonó el conglomerado, recibió dos boletas por trabajos de Parra. En una de ellas la glosa es por servicios como “Administradora general constituyente de campaña 2021”, por un monto de $500 mil. La otra es por “Servicios de capacitación y asesoría en manejo de plataformas para conversatorios campaña”, lo que se cifró en $2 millones.
Ricardo Mahnke Contreras, escritor y reconocido cineasta de la zona, candidato no electo, también recibió los servicios de Parra: ella le extendió una boleta por su rol de “Jefa de campaña constituyentes abril y mayo 2021” por un monto de $4.000.000. Las ex candidatas Amaría Consuelo Molina y María Valeria Melgarejo, recibieron boletas de Parra por servicios de “Administradora Electoral General Lista del Pueblo distrito 20 por pagar” por $500 mil cada una.
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